miércoles, 28 de marzo de 2012

El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo listas de los "subversivos"

El ex jefe de Inteligencia de la Policía hizo la lista de personas a perseguir en 1975. Y lo acusan de secuestrar y torturar a algunos. Ayer fue la segunda jornada del juicio donde se juzga a cinco acusados por 60 casos de delitos de lesa humanidad

Era el encargado del área de Inteligencia de la Policía de Misiones y, como tal, antes del Golpe hizo los informes sobre quiénes debían ser perseguidos y castigados por ser “subversivos”. Ayer, en el juicio oral en el Tribunal Federal por unos 60 casos donde el Ejército y la Policía cometieron delitos de lesa humanidad en la última dictadura, Felipe Nicolás Giménez, comisario inspector retirado, aceptó haber realizado esas listas y después dijo que todos fueron obligados por un conocido decreto firmado por el exgobernador Alterach donde quedaban bajo las órdenes del Ejército Argentino, para perseguir y castigar a los acusados en lo que, para Giménez, fue y sigue siendo “una guerra que ahora se trasladó a la Justicia”.

Y no dudó en denunciar a los funcionarios actuales que impulsaron los juicios a los responsables de delitos de lesa humanidad, por “financiar declaraciones falsas” e inculparlo así de estos casos. Asimismo apeló a la “teoría de los dos demonios” y se quejó de que hayan derogado la Ley de Obediencia Debida. Por otra parte, el médico Guillermo Mendoza volvió a declarar y, entre otros puntos, ofreció una lista de nombres de médicos que trabajaron esporádicamente junto a él en el tiempo de la dictadura y dijo que, muchos de ellos, se fueron al regresar la democracia pero que él se quedó y por eso lo sindican y lo estigmatizan.

El jefe de Inteligencia
Si de cerebro y de brazo ejecutor de represión contra los jóvenes se habla, el nombre del comisario inspector Felipe Nicolás Giménez está en la cabeza de la lista, ya que al momento del golpe era el jefe de Inteligencia de la Policía de Misiones y la mano derecha del jefe de la Policía de Misiones.
Él fue quien en 1974-75 confeccionó a pedido del entonces jefe de la Policía de Misiones, las listas de los “subversivos” a quien el Ejército debía perseguir y castigar y luego fue en parte encargado de ejecutar gran parte de ese plan de exterminación, por lo que hoy llega al banquillo de los acusados por más de 40 de los 60 casos que se ventilan en este cuarto juicio oral por delitos de lesa humanidad en Misiones.
Y en el debate aceptó haber realizado los informes sobre subversivos, entre los que están muchas personas que fueron víctimas de la dictadura con secuestros, persecuciones, torturas y hasta desaparecieron, aunque sólo de algunos de esos casos se lo acusa en este juicio.
Su accionar juzgado es por “privación ilegal de la libertad con abuso funcional o sin las formalidades legales múltiplemente agravada por su comisión con violencias o amenazas y por haberse prolongado durante más de un mes” y además por “Imposición de tormentos a los presos que guarde agravada por la condición de perseguidos o perseguidas políticas de las víctimas”.
Más allá de descalificar los dichos de víctimas como Graciela Franzen, Ricardo Coutouné y de algunos policías como Viana y Araujo, quienes complican la situación procesal en cuando a su accionar durante la dictadura, Giménez dejó
bien en claro que aún está convencido de que se trató “de una guerra” y que “la guerra revolucionaria sigue hasta hoy”.
Según dijo, él como integrante de la Policía de Misiones cumplió la orden dada por el militar retirado y por entonces gobernador de Misiones, Miguel Ángel Alterach, firmado el 13 de diciembre de 1975, donde ponía a las Fuerzas Armadas a cargo de la fuerza provincial.
A su vez, aseguró que las fuerzas cumplían con la Ley 2076, la que “obligó a las Fuerzas Armadas a la aniquilación de los subversivos”.
Además dijo Giménez que a pesar del alto puesto que ocupaba, se considera hoy en día un “chivo expiatorio”, por lo que además denunció a los funcionarios provinciales y nacionales por lo que llamó “ancianicidio”, un plan armado para aniquilar a los ancianos como él y como Ríos, quien murió antes de llegar a este juicio, utilizando los recursos del Estado “para financiar declaraciones falsas” y armar causas.
Además de aportar ciertas documentales que servirían para su defensa, Giménez pidió que se adjunte a la causa el nombre de todos los diputados que entre 1975-76 acompañaron a Alterach en firmar el decreto mencionado que lo obligó a actuar bajo las órdenes de las Fuerzas Armadas. El Tribunal, conformado por los jueces subrogantes Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte de la Justicia Federal de Formosa y Norberto Rubén Giménez, de Resistencia, tomó nota de sus declaraciones, de sus pedidos y pasó a deliberar en cuanto a los demás acusados.

Los otros acusados
El ex policía Julio Argentino Amarilla (65), acusado en más de 40 casos, manifestó que se remite a una declaración que hizo durante la etapa de instrucción. Y Carlos Omar Herrero (86), que era jefe de la Policía de Misiones en 1976 y está acusado de unos 40 hechos, y el ex policía Carlos Alberto Pombo (63), involucrado en unos diez hechos, manifestaron que posiblemente declararán en otra etapa del juicio.

Volvió Mendoza
El médico de sanidad policial Guillermo Roque Mendoza (66), que está acusado de tres hechos, decidió volver a hablar. En la primera jornada se desvinculó de los tres casos, dijo que nunca atendió a esas personas y que no era el encargado de hacer torturas y menos de revisar si los presos “aguantaban” los castigos.
Ayer volvió a reiterar cómo era su rutina de trabajo, en la que tuvo hasta tres trabajos, y dijo que en sanidad policial trabajaron muchísimos médicos, algunos de ellos ya fallecidos.
El hombre aportó la lista de muchos médicos que desde el 76 hasta el 83 trabajaron con él, “muchos de los que cuando volvió la Democracia huyeron a otros países, pero yo me quedé porque no tengo nada que ocultar”. Además criticó el libro de Balero Torres, “Cosechas de Injusticias”, donde él contó que por medio de una secretaria y vecina de Torres, aportó algunos datos históricos, principalmente vinculados al día en que revisó tres cadáveres masacrados, entre ellos el de Enrique Peczak.
“Los datos que yo le di fueron tergiversados en el libro”, denunció, y aseguró que se sorprendió cuando supo que lo que él había narrado cambió para transformarlo en partícipe de la matanza y en el encubrimiento de los crímenes.

Faltan 100 testigos

jueves, 22 de marzo de 2012

Represor y torturador acusa ser víctima de "ancianicidio"

Polémica defensa de un ex policía: acusó ser víctima de "ancianicidio" y crímenes de guerra

El ex comisario Felipe Nicolás Giménez, uno de los cinco acusados por crímenes de lesa humanidad cometidos en la Jefatura de Policía, acusó a la presidenta Cristina Fernández y a todo el Gobierno provincial, además de la Justicia federal y militantes de Derechos Humanos de "montar una farsa" para seguir "financiando al terrorismo". Dijo que sólo cumplía órdenes, pero desnudó varias contradicciones en su relato. El juicio se reiniciará el 10 de abril con la presencia de los testigos.

Contraofensiva. Felipe Nicolás Giménez, ex comisario de la Policía de Misiones, agitó la teoría de los dos demonios, la ley de obediencia debida y hasta se declaró inimputable para despegarse de los 42 hechos en los que se le acusa de haber cometido delitos de lesa humanidad.

El ex comisario no negó ser responsable de los delitos que se le imputan, sino que, aseguró, solo obedecía órdenes emanadas del gobierno democrático para “aniquilar a la subversión”. Sin embargo, la ley que mencionó en su argumentación, la 21460, fue sancionada el 18 de noviembre de 1976, ya bien entrada la dictadura. Así, se dispuso que la investigación de crímenes subversivos se llevara a cabo mediante una prevención sumarial. Estos crímenes debían ser investigados por la Policía Federal y Provincial o por las Fuerzas Armadas. Giménez fue denunciado, entre otros, por Graciela Franzen, quien fue detenida en mayo de 1976.

Al mismo tiempo, nombró como su jefe a Claudio Emilio Lazo como primer ejecutor de esa ley, pero el comisario general abandonó ese puesto el 18 de junio de 1975, para dejarle lugar a Carlos Omar Herrero, otro de los acusados, quien duró seis meses como jefe hasta el 26 de diciembre de 1976.

Giménez hizo un duro alegato y habló de una “conspiración” de terroristas. En su presentación denunció a la presidenta Cristina Fernández, al gobernador Maurice Closs, al presidente de la Legislatura, Carlos Rovira y a todos los diputados, al ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta, la senadora Sandra Giménez y los jueces y fiscales federales que entienden en la causa, además de los “42 testigos falsos” por “ancianicidio y crímenes de guerra”. Al mismo tiempo, dijo que irá hasta la corte internacional de La Haya por persecución y se declaró inimputable. “El ancianicidio es el nuevo método de matar policías que cumplieron con su deber. Con 75 años soy el chivo expiatorio y esto fue preparado por los jueces de Misiones”, disparó. "Yo no fui carcelero de nadie, tomaba registro de los detenidos. Nuestra función era registrarlos”, detalló.

Finalmente, acusó a Franzen, una de sus denunciantes, de “agitar las denuncias” para cobrar dinero de la Nación.

“Fue una guerra y ahora se dejaron leyes sin efecto para que yo no tenga defensa”, cuestionó, en referencia a las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Relató que “en Misiones había terroristas montoneros que sembraron el terror en Aristóbulo del Valle, con incendios y clavos miguelitos o bombas. Yo cumplí con mi deber. Todo esto es para financiar a los terroristas”.

“La guerrilla en Misiones sigue activa a través de la Justicia con plata que no debería estar en ese fin”, apuntó en su discurso que duró casi una hora.

Para la Fiscalía, la presentación de Giménez no hizo más que ratificar su participación en los delitos de los que se lo acusa. “Solo cierra su adhesión al sistema represivo. Acá no corre la Obediencia Debida, la ley ya fue derogada”, señalaron desde el ministerio público fiscal.

Por su parte, desde la querella, Rafael Pereyra Pigerl aseguró que la estrategia de Giménez fue cambiar su rol de victimario en víctima. “Contradice 40 testimonios concordantes que lo señalan a él. “Fue premiado por el Gobierno militar por su actuación contra los montoneros. Eso figura en su legajo”, señaló Rafael Pereyra Pigerl, representante del Estado nacional en la querella.

El juicio pasó a un cuarto intermedio hasta el 10 de abril, cuando comenzará a escucharse a 110 testigos. Además de Giménez, se juzga a Carlos Omar Herrero, ex jefe de la Policía, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo, todos de la fuerza, además del médico policial Guillermo Roque Mendoza.